Por primera vez, la comisión de seguimiento y monitoreo a esta ley llegó a la subregión del Bajo Cauca antioqueño para identificar avances, dificultades y la situación de la población afectada por el conflicto armado.
La jornada tuvo lugar en el municipio de Caucasia y contó con la presencia de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría y delegados de la Mesa Nacional de Víctimas. Adriana Patricia Pérez Rojas, vocera por el hecho de desaparición forzada, resaltó el impacto de esta visita en una región marcada por la violencia. “Escuchamos directamente a las comunidades para fortalecer sus derechos y construir mejores políticas”, afirmó.
Durante el encuentro, líderes de víctimas, personeros y representantes de los municipios de Caucasia, Nechí, Cáceres, Tarazá, El Bagre y Zaragoza participaron en mesas de trabajo. Analizaron la gestión de las entidades que conforman el SNARIV y plantearon propuestas para mejorar la respuesta institucional.
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Entre los avances reconocidos, destacaron la atención humanitaria brindada por la Unidad para las Víctimas a más de 15.000 familias entre 2022 y 2025, con una inversión que supera los 17.000 millones de pesos; sin embargo, señalaron retrasos preocupantes en la entrega de indemnizaciones, especialmente para adultos mayores y personas con discapacidad. 
La cifra de 43.410 indemnizaciones entregadas en 2024 en Antioquia, por un valor de 439.000 millones, fue recibida con esperanza, aunque también con exigencias para que los pagos lleguen de forma más oportuna.
Las víctimas insistieron en la necesidad de activar planes de reparación colectiva, acelerar la restitución de tierras y garantizar acceso real a vivienda, educación, salud y proyectos productivos. También pidieron recuperar predios del Fondo de Reparación.
Los alcaldes del Bajo Cauca respaldaron estas solicitudes. Coincidieron en la urgencia de mejorar la coordinación entre entidades para enfrentar la violencia y materializar los compromisos con quienes han vivido el conflicto en carne propia.