La reciente decisión del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular ha generado un fuerte debate en el país. Petro anunció que firmará un decreto esta semana para que los colombianos se pronuncien sobre la reforma laboral. El mandatario subrayó que la firma se realizará “ante el pueblo”, buscando así legitimidad y conexión directa con la ciudadanía. Se barajan ciudades como Cali o Medellín para llevar a cabo este acto simbólico, donde espera contar con la participación masiva de los ciudadanos.
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Sin embargo, la oposición no ha tardado en manifestar su descontento. El senador Esteban Quintero fue uno de los más críticos, acusando a Petro de actuar como un dictador. “Colombianos, mucho cuidado, nuestra amada Colombia hoy está sufriendo la misma suerte de nuestro pueblo hermano Venezuela”, advirtió Quintero. Su mensaje resonó entre aquellos que temen que el país se desvíe hacia un modelo de populismo y socialismo de izquierda, instando a la unidad para un “estallido democrático” en 2026.
Petro, por su parte, defendió la consulta como una oportunidad para que el pueblo trabajador exprese sus intereses. Recordó eventos anteriores, como el del 1 de mayo en Bogotá, donde la participación fue notable. Sin embargo, algunos opositores han cuestionado la autenticidad de esta participación, sugiriendo que fue impulsada por incentivos como refrigerios. A pesar de las críticas, el presidente sostiene que la mayoría de la población apoya la consulta y sus beneficios potenciales.
Con la firma del decreto a la vista, el ambiente político se calienta. La consulta popular no solo es un mecanismo de participación ciudadana, sino también un campo de batalla ideológico. A medida que se acerque la fecha de la firma, será crucial observar cómo responden tanto la ciudadanía como la oposición ante esta iniciativa que podría redefinir el futuro político de Colombia.