La deuda que la nación mantiene con Empresas Públicas de Medellín (EPM) ha alcanzado la asombrosa cifra de $ 4.4 billones. Esta situación genera un intenso intercambio de acusaciones entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. La deuda se origina por el no pago de subsidios de energía a los estratos más vulnerables y por la «opción tarifaria», un mecanismo que permite a los usuarios diferir el pago de sus facturas durante la pandemia de COVID-19.
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El alcalde Gutiérrez critica con contundencia al presidente, recordando que en mayo de 2024, Petro prometió que la Nación asumiría esta deuda como parte de sus obligaciones. «Nunca afirmó que sería con una ley de financiamiento o ‘Reforma tributaria’, que no le pasó por su falta de gobernabilidad y confianza que los colombianos tenemos en su Gobierno», subraya Gutiérrez, enfatizando que no se trata de un favor, sino de un deber constitucional.
El presidente Petro defiende su posición en redes sociales y afirma que el expresidente Duque creó la «opción tarifaria», lo que exime a la Nación de responsabilidad sobre esa deuda. Sin embargo, la bancada uribista rechaza su propuesta para convertir esta obligación en una deuda pública, lo que añade más leña al fuego en esta disputa.
La situación es crítica, ya que la falta de resolución en este tema podría afectar la estabilidad financiera de EPM y, por ende, el servicio de energía para millones de colombianos. La tensión entre Petro y Gutiérrez refleja no solo un conflicto político, sino también la urgencia de atender las necesidades de los estratos más vulnerables del país.