La protesta en apoyo a Palestina, realizada el 7 de octubre en Medellín, abrió un fuerte debate sobre el papel y los límites de los llamados Gestores Operativos de Apoyo a la Seguridad y Convivencia, adscritos a la Secretaría de Seguridad del Distrito. Los hechos, registrados en video, muestran a varios de estos contratistas enfrentándose a manifestantes durante los disturbios ocurridos frente al restaurante McDonald’s, en el sector de La Milla de Oro.
Según los testimonios recogidos por medios y organizaciones de derechos humanos, varios gestores golpearon a participantes de la marcha, mientras otros respondieron con pintura y objetos livianos. La Defensoría del Pueblo calificó las agresiones como posibles violaciones a los derechos humanos y pidió a la Alcaldía y a los entes de control abrir investigaciones disciplinarias y penales para determinar responsabilidades.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, afirmó que su entidad estuvo presente en el Puesto de Mando Unificado (PMU) y alertó que allí se habrían dado instrucciones para disolver la manifestación bajo advertencias laborales. “Nos preocupó que se impartieran directrices de disolución de la protesta que, de no cumplirse, podrían afectar la continuidad de los contratos de los gestores”, señaló.
El secretario de Seguridad, Manuel Villa, explicó que los gestores son civiles contratistas, en su mayoría retirados de la Fuerza Pública, y que su labor es preventiva y pedagógica, no represiva. Sin embargo, en varios videos se observa a miembros del grupo lanzando piedras, corriendo tras manifestantes y usando correas como armas. Villa aseguró que la Alcaldía inició un proceso interno de verificación y revisión de protocolos.
El alcalde Federico Gutiérrez defendió la actuación institucional y responsabilizó al Gobierno Nacional de incentivar la violencia en las calles. “El presidente Petro está instrumentalizando a jóvenes para generar vandalismo alrededor de la causa palestina”, dijo en entrevista con Blu Radio.
Mientras tanto, la Personería de Medellín abrió una indagación previa para esclarecer los hechos y determinar si hubo abuso de autoridad o extralimitación de funciones. La controversia reaviva la discusión sobre el papel de los cuerpos civiles en tareas de seguridad y el manejo del orden público durante las manifestaciones sociales.