La Gobernación de Antioquia consiguió que el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenara al Gobierno Nacional diseñar e implementar, en un plazo máximo de 30 días, un plan de intervención para atender la crisis de seguridad que enfrenta el municipio de Briceño. La medida cautelar hace parte de una acción popular impulsada por el departamento ante el riesgo que representan los grupos armados ilegales, las disputas por el control del territorio y las economías ilícitas.
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El Tribunal también ordenó a la Presidencia de la República informar, en un plazo de diez días hábiles, cuántos integrantes de la Fuerza Pública se requieren para recuperar la seguridad en la zona. Además, dispuso la realización de un Consejo de Seguridad extraordinario, liderado por el Gobierno Nacional, con el fin de definir acciones de protección para la población civil.
En su decisión, el alto tribunal consideró que existen elementos suficientes para advertir un riesgo sobre derechos colectivos como la paz, la seguridad pública, el goce del espacio público y la protección de los bienes públicos de los habitantes de Briceño. Por esa razón, determinó que se requieren medidas inmediatas mientras avanza el proceso judicial.
Aunque la decisión tiene carácter cautelar y no constituye un fallo definitivo, sí obliga al Gobierno Nacional a ejecutar acciones urgentes para enfrentar el deterioro del orden público en este municipio del Norte de Antioquia. La medida busca reducir el riesgo para la población y fortalecer la presencia institucional en el territorio.