La minga indígena llegó a Medellín el lunes y se instaló en el centro administrativo de La Alpujarra durante 44 horas, un tiempo inusualmente corto si se compara con otras movilizaciones similares en el país, como la del Parque Nacional en Bogotá, que suele extenderse por meses. De hecho, los cerca de 500 indígenas provenientes de San Pedro de Urabá parecían preparados para quedarse más tiempo, ya que contaban con carpas nuevas. Por eso, su regreso en la madrugada del día siguiente tomó por sorpresa incluso a los conductores de los buses, a quienes llamaron pasada la medianoche para iniciar el retorno.
El reclamo surgió por el seguimiento a 35 acuerdos alcanzados con las comunidades indígenas en 2024.
La subsecretaria de Derechos Humanos de Antioquia, María Patricia Giraldo, explicó que revisaron estos acuerdos punto por punto y los dejaron materializados y firmados. Por su parte, el gobernador Andrés Julián Rendón afirmó que la Gobernación ya cumple los compromisos que le corresponden, incluso con saldo a favor, y señaló que el Gobierno nacional concentra los incumplimientos.
Entre los avances, la Gobernación entregó 200 viviendas nuevas en San Pedro de Urabá y Mutatá, además de realizar 227 mejoramientos de vivienda. En educación, de una meta de 51 colegios, ya entregaron 12 con una inversión de 8.600 millones de pesos y avanzan en un convenio con EPM para construir otras 17 sedes por 17.000 millones. En total, la Gobernación ha invertido alrededor de 45.000 millones de pesos en estos acuerdos.
Las autoridades también cuestionaron la necesidad de la movilización. El gobernador aseguró que no era necesario el desplazamiento hasta Medellín, especialmente con la presencia de niños, ya que los compromisos ya estaban en ejecución. En la misma línea, el alcalde Federico Gutiérrez expresó su preocupación por la exposición de menores a condiciones climáticas adversas durante la protesta.
Finalmente, personas que participaron en las conversaciones señalaron que la movilización se relaciona con cambios recientes en las autoridades indígenas. Las nuevas dirigencias, que tienen diferencias con las anteriores, no conocen completamente los avances de los acuerdos. La única solicitud que no aprobaron fue retirar a 20 docentes nombrados legalmente, ya que estos contaban con el aval de las autoridades indígenas anteriores y no podían modificarse por razones administrativas o legales.
