La Gobernación de Antioquia presentó ante el Tribunal Administrativo de Antioquia una serie de demandas contra los acuerdos de presupuesto aprobados por al menos 50 municipios del departamento para la vigencia 2026. Entre los territorios involucrados figuran Alejandría, Titiribí, Gómez Plata, El Retiro, La Ceja, Apartadó, Liborina, Campamento y Tarazá, entre otros.
La controversia gira en torno a la forma en que fueron estructurados estos presupuestos municipales. Según la administración departamental, los acuerdos deben organizarse por unidades de ejecución, programas, proyectos y subprogramas, siguiendo un modelo similar al que utiliza el departamento. Sin embargo, desde varios municipios se ha advertido que sus capacidades administrativas no siempre permiten adoptar ese esquema con el mismo nivel de detalle.
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El proceso abre interrogantes sobre el manejo fiscal en los municipios. Si el Tribunal llegara a declarar inválidos los acuerdos presupuestales, surgirían dudas sobre la ejecución del presupuesto de 2026, el desarrollo del plan plurianual de inversiones y la expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP), requisito clave para la firma de contratos y la ejecución de proyectos.
El gerente de Municipios de la Gobernación, David Palacios, explicó a este medio que, esta revisión responde a una obligación constitucional contemplada en el artículo 305, numeral 10, que ordena a los gobernadores revisar los actos de los concejos municipales y remitirlos al Tribunal cuando consideren que pueden ser contrarios a la ley o a la Constitución. Será ahora el Tribunal Administrativo de Antioquia el que determine la validez de estos acuerdos presupuestales y sus posibles efectos en la gestión fiscal de los municipios.