El presidente Gustavo Petro ordenó trasladar a una cárcel en Bogotá a los integrantes de la mesa de paz urbana recluidos en la cárcel La Paz de Itagüí. La decisión se tomó tras la polémica parranda vallenata dentro del centro penitenciario.
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El hecho desató cuestionamientos al proceso de diálogo con estructuras criminales del Valle de Aburrá. También puso en evidencia posibles excesos y uso indebido de los espacios otorgados en la paz urbana. Ante esto, el Gobierno suspendió temporalmente las conversaciones mientras revisa la continuidad del proceso.
La delegación del Gobierno en la mesa de paz respaldó la decisión. Aseguró que el traslado permitirá mejorar las condiciones para avanzar en una ruta de acercamiento y retomar el diálogo con mayor control institucional.
En una carta, los delegados afirmaron que acatan la orden presidencial. También defendieron que la medida fortalece la confianza ciudadana. Además, advirtieron que la paz no puede usarse como excusa para abusos o incumplimientos. “No permitiremos extralimitaciones ni el uso indebido de este proceso”, concluyeron.