El exgerente de EPM y actual presidente de ISA, Jorge Andrés Carrillo, enfrenta un proceso disciplinario ante la Personería de Medellín por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de vigilancia por más de $73.744 millones. La investigación comenzó tras una denuncia interna del actual gerente, John Maya Salazar, quien advirtió irregularidades y falta de informes de gestión al asumir el cargo en abril de 2024.
El caso se centra en el proceso contractual CRW251772, diseñado para contratar los servicios de seguridad privada del Grupo EPM. La empresa oferente Su Oportuno Servicio Ltda. (S.O.S.) no presentó a tiempo el certificado del seguro de vida colectivo, requisito obligatorio del pliego. Pese a ello, Andrés Felipe Mesa, vicepresidente de Riesgos, intervino directamente ante la aseguradora MetLife para conseguir el documento y reincorporar la oferta al proceso.
Según el pliego de cargos, Mesa no tenía competencia para hacerlo, pero envió correos en los que pidió modificar el análisis técnico y volver a incluir a la empresa. Esa orden cambió el orden de elegibilidad y posicionó a S.O.S. como ganadora. Carrillo, como presidente del Comité de Contratación, conocía estas actuaciones y las avaló con su firma, legitimando un proceso que, según la Personería, violó los principios de transparencia y libre competencia.
El expediente también muestra cómo varios funcionarios alertaron internamente sobre las anomalías. Daniel Moreno Peláez, entonces director de Seguridad de EPM, se retiró del comité y denunció por escrito que el proceso ponía en riesgo la legalidad del contrato. “No comparto los criterios jurídicos y de validación que se han venido utilizando por vía de interpretación, pues constituyen un riesgo jurídico grave”, escribió en junio de 2023.
Pese a las advertencias, Carrillo firmó el acta final de recomendación y adjudicación. Para la Personería, su conducta “fue dolosa y comprometió la moralidad pública”, al permitir la manipulación del análisis técnico y la omisión de requisitos exigidos por ley.
Las pruebas que deberá controvertir incluyen correos institucionales, actas del comité de contratación, testimonios y oficios enviados por la aseguradora a solicitud de EPM.
La actuación de Carrillo, señala el ente de control, configuraría una falta gravísima cometida con dolo, por haber intervenido y avalado un proceso contractual con trato preferente y beneficios indebidos a un oferente.