La Contraloría Distrital de Medellín ha puesto en marcha una vigilancia fiscal enfocándose en la evaluación de Empresas Públicas de Medellín (EPM) ante el posible deterioro fiscal derivado del cobro de la tasa a la seguridad, propuesto por el gobernador Andrés Julián Rendón, recientemente aprobada por la Asamblea Departamental de Antioquia. Este análisis surge en respuesta a la preocupación sobre cómo esta medida podría impactar las finanzas de la empresa.
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En la primera mesa técnica de trabajo, el ente fiscal solicitó información específica a EPM, con el objetivo de identificar los riesgos fiscales asociados a la implementación de este nuevo impuesto. La Contraloría busca establecer un marco claro para el tratamiento de esta situación, asegurando que se tomen las medidas adecuadas para mitigar cualquier efecto negativo en la salud financiera de la compañía.
El análisis de la Contraloría cobra relevancia porque, EPM es una entidad clave en la prestación de servicios públicos en Medellín y su estabilidad fiscal tiene repercusiones directas en la comunidad. La vigilancia fiscal no solo protege los intereses de la empresa, sino que también asegura que las autoridades manejen los recursos públicos de manera eficiente y responsable.
Una vez que se complete el proceso de vigilancia, la Contraloría Distrital informará sobre los hallazgos y recomendaciones resultantes. Este seguimiento es parte de su compromiso para mantener la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, asegurando que los ciudadanos estén al tanto de cómo se administran los recursos en su región.
