La campaña electoral comienza a generar controversias en medio de nuevas advertencias de la Procuraduría General de la Nación. En agosto de 2025, el Ministerio Público expidió la Directiva 013, que recuerda a servidores públicos y a quienes ejercen funciones públicas que tienen prohibido usar bienes, recursos o espacios oficiales para hacer proselitismo, así como descuidar sus deberes bajo el argumento de participar en política.
Uno de los hechos que desató cuestionamientos ocurrió durante un discurso del presidente Gustavo Petro en plaza pública, transmitido por el canal estatal RTVC. En medio de la intervención, el mandatario guardó silencio mientras asistentes gritaban “Cepeda Presidente”. La señal continuó al aire varios segundos con imágenes de la multitud, lo que abrió debate sobre el alcance de la transmisión en un escenario con consignas políticas.
Otra situación se presentó en Medellín, donde el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella abordó un vagón del Metro de Medellín junto a aspirantes al Congreso del movimiento Creemos, entre ellos Juliana Gutiérrez. El uso de sistemas de transporte público para actividades de carácter político está restringido, lo que generó reacciones en distintos sectores.
El antecedente más cercano en esta materia fue la suspensión por tres meses del entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, sancionado por la Procuraduría tras publicar el mensaje “el cambio en primera”, interpretado como alusión a la campaña presidencial de 2022. Con la Directiva 013 vigente, las autoridades deberán determinar si los hechos recientes encajan dentro de las prohibiciones establecidas.
