El ex alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, deberá dar explicaciones por múltiples procesos judiciales que han emprendido concejales de Medellín, diputados de Antioquia, candidatos a la alcaldía, veedurías y colectivos ciudadanas, además, de las emprendidas por instancias de control como Procuraduría, Contraloría y Fiscalía.
Uno de los casos más recientes es el «cartel de la contratación», denunciado por la Veeduría Ciudadana Todos por Medellín, asegurando que Quintero convirtió a Metroparques en el centro de contratos en favor a terceros. La entidad que tiene como actividad principal administrar los parques de la ciudad, suscribió 40 contratos interadministrativos con la alcaldía que sumaron $268.000 millones, sin considerar las adiciones.
Esta misma veeduría reveló las irregularidades en los contratos de alimentación del programa Buen Comienzo, donde Quintero reemplazó a los contratistas por una corporación sin experiencia, Colombia Avanza. La Fiscalía ordenó la detención preventiva de la entonces secretaria de Educación, Alexandra Agúdelo. La investigación reveló que Colombia Avanza no era idónea y que el proceso de contratación se habría manipulado para otorgarles contratos que sumaban casi 30.000 millones de pesos. Además, se descubrió que Colombia Avanza subcontrató a otras entidades, lo que plantea cuestiones importantes en cuanto al cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Otro tema que ha generado controversia, es el manejo de los fondos públicos durante los 44 meses que estuvo al frente de la administración distrital Daniel Quintero. Allí, facturó 186 millones de pesos a través de la Secretaría Privada con facturas de gastos en supermercados, restaurantes, tiendas de mascotas, cigarrerías, carnicerías y peajes del Valle de Aburrá, e incluso Bogotá. Quintero admitió que no tenía conocimiento de en qué se gastaba el dinero del fondo fijo debido a la falta de control sobre la ‘caja menor’.
Otro hecho cuestionable, es el convenio de 9.050 millones de pesos entre la Alcaldía y la Universidad Nacional Sede Medellín para fines de comunicaciones, pero que presuntamente se utilizó para hacer campaña política a favor de candidatos del partido Independientes. Este hecho salió a la luz debido a evidencias que se encontraron en el portal Secop, lo que generó interrogantes sobre la gestión de contratos públicos.
Finalmente, el proyecto de cargue lateral de Emvarias estuvo bajo la lupa de la Procuraduría por presuntas irregularidades en la contratación. A pesar de las advertencias del ente de control de suspender las decisiones contractuales relacionadas con el proyecto, Emvarias avanzó con una estrategia para lograr la firma del contrato concretado en $190.000 millones a siete años.
A Quintero lo envuelve una nube de más de 100 procesos jurídicos. Ante este panorama, el ex mandatario manifestó, “Yo ya entendí que el resto de mi vida voy a estar enfrentando procesos disciplinarios, administrativos y penales”.