El Tribunal Superior de Antioquia resolvió en segunda instancia, el pasado 20 de noviembre, la situación penal del exalcalde de Marinilla Gildardo Hurtado Álzate, dentro de un proceso que se remonta a su primer periodo de gobierno y que investiga la adjudicación irregular de seis terrenos baldíos a particulares sin cumplir los requisitos legales.
En su decisión, la Sala Penal determinó extinguir la acción penal por uno de los delitos que se le atribuían: asociación para la comisión de un delito contra la administración pública. El tribunal concluyó que, para este cargo específico, ya no existían las condiciones jurídicas para mantener la acusación.
Sin embargo, la corporación mantuvo la condena por los demás delitos imputados y procedió a ajustar la pena. En el artículo quinto del fallo, el Tribunal redosificó la sanción y la fijó en 124 meses de prisión —equivalentes a 10 años— y 126 meses de inhabilidad para ejercer funciones públicas.
La providencia también dejó claro que contra esta decisión procede el recurso de reposición y, en caso de que se confirme la condena, la defensa podrá acudir al recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, lo que mantiene abierto un camino jurídico adicional para el exmandatario.
Tras conocerse el fallo, Hurtado calificó como “llamativo” que se haya proferido una decisión desfavorable “aun cuando la misma Fiscalía había solicitado la preclusión del proceso”. Según su versión, en los hechos existió una “instrumentalización y abuso de confianza” por parte de funcionarios de su administración en ese momento. Agregó que, una vez detectadas las irregularidades, los predios fueron restituidos.