La Fiscalía General de la Nación imputó la exalcaldesa de Hispania (Antioquia) Leidy Cardona entre 2020 y 2023, por su presunta participación en un esquema de desfalco por más de 3.780 millones de pesos. El ente investigador le atribuyó los delitos de peculado por apropiación en concurso heterogéneo y falsedad en documento público, ambos en calidad de coautora. Cardona negó su responsabilidad.
Durante la audiencia, el fiscal del caso explicó que el proceso reveló un patrón de transferencias irregulares desde cuentas oficiales de la Alcaldía hacia cuentas privadas que no correspondían a contratistas ni proveedores. Señaló que Cardona, como máxima autoridad del municipio y ordenadora del gasto, tenía el deber de controlar el uso del dinero público y evitar cualquier maniobra que vulnerara la legalidad. Según la exposición, la exalcaldesa no solo incumplió ese deber, sino que habría participado activamente en la elaboración de documentos falsos utilizados para legitimar las operaciones.
El expediente también vincula al exsecretario de Hacienda, José Artagnan Jaimes Jaime, quien ya había sido imputado por ser el presunto ejecutor directo del desfalco. La Fiscalía sostiene que Jaimes realizó más de 358 transferencias desde cuentas oficiales hacia sus cuentas personales entre marzo de 2022 y diciembre de 2023. Todo ocurrió sin soportes válidos y con informes bancarios presuntamente falsificados.
El fiscal detalló que Cardona conocía estas maniobras y, aun así, permitió que se ejecutaran. “Desde el 18 de marzo de 2022 y hasta el 30 de diciembre de 2023, usted falsificó documento público para soportar transacciones que se hicieron desde las cuentas oficiales hacia las cuentas personales de Jaimes”, afirmó. Durante la diligencia agregó: “Usted sabía que se estaban falsificando documentos públicos y sabía que se estaban apropiando de recursos públicos sobre los que tenía responsabilidad funcional y jurídica”.
Con esta imputación, la Fiscalía avanza en uno de los casos de corrupción municipal más graves reportados en el Suroeste antioqueño en los últimos años, mientras el proceso continúa para determinar las responsabilidades penales de los implicados.