La novela jurídica que rodea la consulta popular para la creación del Área Metropolitana del Oriente antioqueño sumó un nuevo capítulo que compromete la credibilidad del proceso. Tras el segundo aplazamiento ordenado por la Registraduría, la tutela presentada por el gobernador de Antioquia y varios alcaldes buscó garantizar que el Ministerio de Hacienda entregara los recursos para la realización de la consulta. El juzgado correspondiente falló a favor de los mandatarios y ordenó al Gobierno Nacional girar los dineros en un plazo máximo de dos días, en defensa del derecho a la participación ciudadana.
Sin embargo, lo que parecía un triunfo jurídico se vio opacado por un detalle que prende alarmas sobre la legitimidad del fallo: en el documento judicial se menciona seis veces al alcalde de Marinilla, Julio Serna, como uno de los accionantes. El problema es que Marinilla no hace parte de la consulta y Serna no firmó ni promovió la tutela. Consultado por el medio Antioquia Amanece, el mandatario fue categórico, “No firmé esa tutela, ni hago parte de la consulta. No podrían alegar vulneración de mis derechos”. Su declaración pone en duda la validez misma del fallo.
La inclusión de un accionante que no participó podría constituir un vicio de legitimación, un requisito esencial para la interposición de tutelas según la jurisprudencia constitucional. Si una tutela es presentada en nombre de alguien sin autorización o sin que exista afectación directa de derechos fundamentales, el proceso puede ser objeto de nulidad. El yerro —sea error material, omisión de verificación o una maniobra para inflar el respaldo político de la tutela— abre interrogantes sobre el origen del documento, la revisión del despacho judicial y el papel de la Gobernación en su coordinación.
Más allá de lo anecdótico, el hecho no es menor: la consulta enfrenta ahora no solo obstáculos presupuestales, sino también un riesgo jurídico que podría suspender o reversar el fallo que hoy celebran los promotores del Área Metropolitana, paradójicamente, retrasar aún más el ejercicio democrático que la tutela buscaba proteger.