El coordinador de Vivienda del municipio de Nechí, David Enrique Martínez, denunció ser víctima de amenazas y persecución por parte de la alcaldesa Yumaris Enríquez, luego de advertir presuntas irregularidades en la aprobación del Proyecto de Acuerdo 005, mediante el cual se autoriza a la mandataria para contratar la compra de bienes inmuebles destinados a proyectos de vivienda. En dicho acuerdo, el artículo tercero faculta a la alcaldesa para realizar apropiaciones y traslados presupuestales, además de suscribir directamente los contratos de compraventa, lo que, según Martínez, constituye una extralimitación de funciones.
El funcionario elevó una petición al Tribunal Administrativo de Antioquia, con fundamento en el artículo 121 del Código de Régimen Municipal, alertando sobre la falta de requisitos técnicos en la aprobación del acuerdo, la ausencia de disponibilidad presupuestal y la falta de definición del objeto contractual. Posteriormente, el proyecto fue remitido a la Gobernación de Antioquia, la cual interpuso demanda ante el Tribunal Administrativo solicitando la revisión de legalidad del acuerdo, argumentando que el Concejo Municipal se excedió en sus competencias al autorizar a la alcaldesa para celebrar contratos, facultad que pertenece exclusivamente al ejecutivo.
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En el proceso, tanto la Personería de Nechí como el delegado del Departamento de Antioquia respaldaron la solicitud de nulidad, al considerar que el artículo tercero del acuerdo vulnera el principio de separación de funciones entre el Concejo y la Alcaldía. Finalmente, el Tribunal Administrativo de Antioquia falló declarando la invalidez de dicho artículo, al determinar que los concejos municipales no pueden otorgar autorizaciones para la celebración de contratos.
Tras este pronunciamiento, Martínez denunció ante la Fiscalía General de la Nación haber sido objeto de amenazas, hostigamiento y persecución por parte de la alcaldesa, presuntamente como represalia por no permitir la manipulación de la lista de beneficiarios de los programas de mejoramiento de vivienda. Asegura haber recibido audios que ya reposan en poder de las autoridades, y señala que la mandataria estaría interviniendo indebidamente en la selección de postulantes, desconociendo las competencias legales del área de vivienda municipal.