El Consejo de Estado dejó en firme el laudo arbitral que ordena a Empresas Públicas de Medellín (EPM) pagar 781.828 millones de pesos a la Sociedad Hidroituango, propietaria de la central hidroeléctrica.
La decisión cierra uno de los principales frentes jurídicos derivados de la contingencia del proyecto en 2018 y de las disputas contractuales entre el operador y el dueño de la obra. Con este pronunciamiento, la alta corte ratificó la validez de la decisión arbitral y habilitó su cumplimiento. El fallo fija un punto definitivo en una de las controversias más relevantes alrededor del mayor proyecto energético del país.
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El litigio surgió del contrato BOOMT, construir, operar, mantener y transferir; mediante el cual la Sociedad Hidroituango entregó la operación del proyecto a EPM. En diciembre de 2023, un tribunal arbitral de la Cámara de Comercio de Medellín concluyó que el contrato sí existía, que las partes lo cedieron de forma válida a EPM y que la empresa debía cumplirlo hasta su terminación con las modificaciones acordadas.
EPM presentó un recurso extraordinario de anulación el 31 de enero de 2024 y argumentó que el tribunal arbitral debía solicitar una interpretación prejudicial a la justicia andina. La Sociedad Hidroituango rechazó ese planteamiento y sostuvo que el caso no involucraba normas comunitarias. La Sala de lo Contencioso Administrativo estudió los argumentos, declaró infundado el recurso y levantó la suspensión del laudo. Con esa decisión, la corte dejó ejecutable la orden de pago y cerró esta etapa de la disputa contractual.
