El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuestionó la decisión de la Fiscalía General de la Nación de suspender las órdenes de captura contra 23 personas vinculadas a la mesa de negociación de paz urbana. El mandatario aseguró que la medida representa un agravio para las víctimas, especialmente porque varios de los beneficiados cumplen actualmente condenas en la cárcel La Paz de Itagüí.
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El alcalde criticó el alcance de la resolución, aunque reconoció que se adopta dentro del marco legal de la política de “paz total” impulsada por el Gobierno nacional. Sin embargo, anunció que promoverá ante el Congreso un proyecto de ley para derogar esta normativa, al considerar que permite beneficios a personas con amplio historial delictivo y debilita la institucionalidad.
Durante su pronunciamiento, el mandatario lanzó fuertes cuestionamientos al Gobierno del presidente Gustavo Petro. Aseguró que el país atraviesa una crisis institucional y sugirió que algunos de los beneficiados tendrían cercanía con el Ejecutivo, lo que, según él, genera dudas sobre el manejo de la política de seguridad.
El pronunciamiento del alcalde reaviva el debate nacional sobre la estrategia de “paz total” y sus alcances. Mientras el Gobierno defiende estos procesos como una vía para reducir la violencia, sectores regionales advierten que decisiones como esta pueden afectar la confianza en la justicia y en las instituciones del país.