Un proyecto de ordenanza presentado por la Gobernación de Antioquia propone modificar la estructura de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), introduciendo cambios en su junta directiva y eliminando un mecanismo de control político. La iniciativa plantea que la junta esté integrada por cinco miembros: el gobernador —o su delegado—, el secretario de Hacienda y tres integrantes independientes del sector privado, designados por el mandatario.
Desde la administración departamental, la exposición de motivos sostiene que esta reconfiguración busca fortalecer la toma de decisiones con criterios técnicos, experiencia en el mercado y una visión estratégica, acorde con la naturaleza de la FLA como Empresa Industrial y Comercial del Estado que compite en el sector de licores.
Sin embargo, el hecho de que la mayoría de la junta quede en manos de miembros del sector privado ha generado inquietudes. Aunque la empresa seguiría siendo 100% pública, surgen cuestionamientos sobre el equilibrio entre el interés público y las lógicas empresariales, así como sobre la concentración de poder en el gobernador, quien designa y puede remover a estos integrantes.
A este cambio se suma la derogación del artículo 29 de la Ordenanza 19 de 2020, que creó una comisión de diputados encargada de vigilar la gestión administrativa y financiera de la FLA. Aunque el Gobierno argumenta que este mecanismo ya cumplió su función y que el control continuará por vías ordinarias, críticos advierten que su eliminación podría debilitar la supervisión directa sobre una de las principales empresas públicas del departamento.