La Contraloría General de Antioquia imputó responsabilidad fiscal por $26.186 millones en el caso de las ciclorrutas de Rionegro. Entre los implicados figura el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien era alcalde durante la ejecución del proyecto. También aparece Rodrigo Hernández, actual gerente de Viva y exgerente de EDESO, junto con otros funcionarios y contratistas vinculados.
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El organismo de control explicó que la imputación es un acto procesal intermedio, no un fallo definitivo. El proceso entra ahora en fase probatoria, donde se evaluarán las evidencias para confirmar un eventual daño al patrimonio o para exonerar a los investigados. El expediente continuará abierto hasta que se tome una decisión final.
La Gobernación de Antioquia respondió con críticas a la actuación. Señaló que la decisión es “inusitada” y se anunció a tres días de que la contralora termine su periodo. Según la administración, la medida tendría un “tinte político” y se habría tomado sin competencia, lo que representaría una extralimitación de funciones. Por ello solicitaron la nulidad del proceso.
El gobierno departamental afirmó además que los puntos críticos de las ciclorrutas fueron contratados en la actual administración. Sostuvo que la actuación ocurre luego de que se negara la creación de cerca de 200 cargos solicitados por la contralora saliente. Mientras tanto, el proceso sigue su curso y deberá resolverse en la etapa probatoria.
