La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) rechazo la propuesta del presidente Petro de convocar una misión internacional para revisar lo ocurrido en Medellín durante la marcha pro-Palestina del pasado 7 de octubre, en la que se registraron enfrentamientos entre manifestantes y los gestores de seguridad de la Alcaldía.
En un comunicado, la entidad calificó la iniciativa como “improcedente, irregular y contraria al orden constitucional colombiano”, al considerar que someter a escrutinio internacional las actuaciones de una autoridad local “representa una injerencia política indebida en la autonomía municipal y un uso arbitrario del derecho internacional”. Asocapitales advirtió que esta decisión desconoce los principios de descentralización y separación de poderes y recordó que tanto la Carta de las Naciones Unidas como la Carta de la OEA prohíben la intervención en los asuntos internos de los Estados.
“Pretender internacionalizar un procedimiento institucional distorsiona el alcance del sistema interamericano de derechos humanos y debilita la legitimidad de las autoridades locales elegidas por voto popular”, afirmó el director de la asociación, Andrés Santamaría.
La controversia comenzó tras un mensaje del presidente Petro en su cuenta de X, donde calificó como “milicias fascistas” a los gestores de seguridad de la Alcaldía de Medellín, a quienes acusó de agredir a jóvenes y personas vulnerables durante la movilización.
“Esto sí se llama milicias fascistas que golpean a la juventud y a los pobres. Hay que proceder con el poder de la ley y la Constitución contra estos cuerpos paramilitares”, escribió el mandatario.
Desde la administración distrital, el alcalde Federico Gutiérrez y el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, defendieron la actuación de los funcionarios.
Gutiérrez aseguró que la instrucción fue proteger la vida de las familias y los niños que estaban en los establecimientos atacados por vándalos, y acusó al Gobierno Nacional de “instrumentalizar a los jóvenes para generar violencia en las calles”.
Por su parte, Villa explicó que la intervención se dio “en el marco del Puesto de Mando Unificado, con uso diferenciado de la fuerza”, y destacó que los gestores “impidieron actos de vandalismo y afectaciones a la integridad de las personas”.
Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo y la Personería Distrital adelantan investigaciones para determinar si hubo exceso de fuerza.