Una nube de dudas rodea a Ecopetrol tras la apertura de una indagación previa por parte de la Procuraduría General de la Nación, el organismo investiga presuntas irregularidades en un contrato de consultoría firmado con la firma internacional Covington & Burling LLP por casi 5 millones de dólares.
La consultoría, suscrita en agosto de 2024, tenía como objetivo realizar un análisis de riesgos reputacionales del presidente de la compañía. Sin embargo, la Procuraduría recibió información que sugiere que el contrato fue modificado sin aprobación de la junta directiva, al parecer, esos cambios habrían servido como mecanismo para retener y preservar comunicaciones internas de al menos 70 altos funcionarios, incluyendo miembros de la misma junta. 
El caso encendió alarmas en el Ministerio Público, que ahora busca establecer si la consultoría sirvió como fachada para interceptar información privada. Como parte de la indagación, se ordenó una inspección directa a las instalaciones de Ecopetrol para recaudar documentos y soportes relacionados con el contrato.
Además, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales prestará apoyo técnico y jurídico para esclarecer si hubo intenciones ilegales detrás del acuerdo. La Procuraduría quiere saber quiénes autorizaron las modificaciones, cómo se ejecutaron y si hubo intenciones de vulnerar la privacidad de los funcionarios.
Por ahora, no hay funcionarios individualizados, pero el proceso apunta a determinar si hay méritos para abrir una investigación disciplinaria formal.
La información conocida hasta el momento no solo genera inquietud sobre la legalidad del contrato, sino también sobre el manejo interno de la empresa más importante del país. Mientras tanto, la opinión pública y los organismos de control esperan respuestas claras en medio de un caso que ya amenaza con escalar a niveles más alto.
