Después de que la justicia de Guatemala solicitara la captura de los exfuncionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, obstrucción de justicia y colusión, Iván Velázquez, se pronunció y aseguró que la decisión se trata de una » persecución política»
La cancillería colombiana se pronunció:
Asegura que la medida representa una grave desviación de los estándares del derecho internacional, «sino que también vulnera los derechos humanos fundamentales». Y que la utilización de mecanismos de cooperación judicial internacional exige una base probatoria solidad y procedimientos transparentes, condiciones que claramente no se cumplen en este caso»
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Gobierno de Guatemala, contradice a la fiscalia:
Dijo que «Estas acciones se realizan con un evidente objetivo político, sin respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional y se suman a la seguidilla de actuaciones por parte del Ministerio Público, la fiscal general de la República y jueces asociados a la corrupción que han tergiversado el sentido de la justicia en Guatemala » y agregó que la decisión pone de manifiesto la criminalización y abuso del derecho penal.
El anuncio ha dejado opiniones divididas, entre los que dicen que los solicitados son perseguidos políticos y los que piden que asuman la responsabilidad.
